La deuda más grande del Municipio

Por Pablo Esquilache

Una de las deudas más grandes que tiene el municipio de Carlos Tejedor es la de los salarios municipales. A lo largo de los años hubo mejoras y retrocesos, pero pocas veces se tomó en serio, como política pública, la recomposición de sus sueldos.
Hoy, un empleado municipal de la categoría más baja, con 30 horas semanales, cobra $183.000. Esa cifra ni siquiera llega al Salario Mínimo, Vital y Móvil, que equivale a unos $201.500 para la misma carga horaria.
El Presupuesto 2025 marca que el municipio tiene 822 empleados, de los cuales 66 son funcionarios y concejales. Para pagar sueldos y aportes destinará unos $6.400 millones, es decir, casi el 43% de un presupuesto de $15.000 millones. Si sumamos las contrataciones externas de profesionales —como médicos, abogados o contadores— por unos $840 millones, el gasto en personal trepa al 48%. De todos modos, la cantidad de empleados puede haber cambiado durante el año y también hay que tener en cuenta los subsidios laborales.
Frente a los momentos de crisis, los municipios son los primeros en dar respuesta a la falta de trabajo. Esto suele traducirse en una mayor demanda de empleo público, ya sea mediante nuevas incorporaciones o a través de subsidios laborales, lo que incrementa todavía más la presión sobre el presupuesto destinado a salarios.
Históricamente, el municipio afrontó el pago y los aumentos de salarios con la coparticipación provincial, que este año rondará los $11.000 millones. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que este fondo es de libre disponibilidad y puede destinarse a otros gastos.
Frente a esta situación, el primer paso debería ser que ningún trabajador municipal cobre por debajo del Salario Mínimo, Vital y Móvil proporcional a sus horas de trabajo, como se aplicó durante la gestión del Dr. Raúl Sala (2015–2019).
A futuro, un objetivo podría ser equiparar los sueldos municipales con los del convenio de Empleados de Comercio, que para 30 horas semanales fija un salario de $615.000. Es un convenio amplio y usado como referencia en gran parte del sector privado.
Para acercarse a esa meta, el municipio necesita ordenar gastos y prioridades, y por qué no pensar en generar recursos propios. Esto implica achicar y reorganizar la planta política, frenar incorporaciones salvo en áreas críticas como salud, y redistribuir personal para evitar sectores con exceso de empleados mientras en otros faltan. Al mismo tiempo, es clave avanzar en políticas que fortalezcan al sector privado, de modo que el municipio no quede como la única salida laboral en tiempos de crisis, sino que acompañe la creación de empleo genuino en la comunidad.
Además de aumentos que acompañen la inflación anual, debería sumarse un porcentaje específico para recomponer lo perdido. Se puede pensar también en sumas no remunerativas, que de manera progresiva se integren al salario básico durante el año.
Nada de esto podrá resolverse desde un solo partido o gestión. Una alternativa es conformar una mesa tripartita —similar a la que funciona en Rivadavia— con representantes del Ejecutivo, del Legislativo y de los trabajadores, para debatir no solo la recomposición salarial, sino también temas laborales de fondo.
El desafío es claro: dignificar el salario municipal requiere decisión política, planificación y consensos que trasciendan las elecciones.