Dr. Juan José Prieto, Farmacéutico Nacional
En Argentina el control de precio de los medicamentos es una medida demagógica que profundiza la crisis de la farmacia comunitaria.Finalmente, y después de muchas idas y vueltas, el Ministro de Economía Axel Kicillof y el Secretario de Comercio Interior Augusto Costa anunciaron (ver video aquí) el acuerdo logrado con los laboratorios. Este consiste en la baja de precios de los medicamentos a los montos que se manejaban hasta el 31 de diciembre de 2013, permitiendo un incremento promedio de hasta un 4% en las especialidades medicinales. Esta medida no alcanza a los productos de venta libre, ni a
los con IVA (como leches, dermatocosmética, etc.) que seguirán comercializándose al precio actual.
La nueva lista entró en vigencia el 1ro de marzo, acordándose una compensación, a favor de las farmacias, por el negativo impacto económico que produjo la reposición de medicamentos con las variaciones de precios producidas.
A su vez, las autoridades farmacéuticas recordaron su posición respecto de esta baja, los aportes que realizan las farmacias a la seguridad social en forma de subsidio y la imposibilidad de sostener la prestación en estas condiciones. El propio Kicillof se comprometió a trabajar con los farmacéuticos en lograr una disminución de la bonificación, y un cambio de modelo en el convenio PAMI / medicamentos.
En mi opinión, y en el contexto socio-económico que se está desarrollando, estas medidas lo que hacen es profundizar aún más la crisis que está sufriendo la farmacia comunitaria, sin dejar de considerar que la problemática debe ser encarada con la intervención del Estado para que se terminen los abusos de parte de los grandes laboratorios, empresas de medicina prepaga y obras sociales.
Otra de las aristas a puntualizar es que debe darse un real cumplimiento de la Ley Nº 25.649 (de prescripción de medicamentos por su nombre genérico) sancionada el 28 de agosto de 2002; esta fue puesta en práctica con buenos resultados hasta aproximadamente el año 2005; a partir de allí el mercado volvió a estar dominado por el imperio del negocio (premios, lobbies, etc.).
Esta norma https://docs.google.com/document/d/1FaSmL4Hy0L4mvGeVB_40bFPkCDl6tM9ZsyoLxeAmhZM/edit?hl=en&pli=1 está por ingresar a sus 12 años de vigencia, y está muy lejos de estar en total plenitud, la misma fue creada con la idea de darle a la gente una herramienta que le permita elegir un fármaco a la medida de su bolsillo, permitiéndole acceder a remedios de iguales características a los de marca pero mucho más baratos.
Si esta última fuera realmente aplicada por el usuario/paciente se evitaría la «connivencia» entre laboratorios, obras sociales o prepagas y los médicos, para que estos prescriban ciertos medicamentos a cambio de reintegros económicos.
Quienes trabajamos en oficinas farmacéuticas nos resulta cotidiano ver como la mayoría de los médicos ya no prescriben por su nombre genérico, como los establece la ley, sino que lo hacen en favor de determinadas marcas, coincidiendo estas maniobras con las más caras del mercado.
En la actualidad, sucede que el precio de los medicamentos lo fijan los laboratorios, incluyendo el porcentaje de ganancia de las droguerías y las farmacias, el que se ha reducido notablemente. Es muy claro que todos quieren parte de la torta y a las farmacias les toca la menor porción. Esto nos ubica en una situación difícil.
Es muy evidente que el ciudadano común desconoce este entramado, y tras llegar a la farmacia con un problema de salud lo que intenta es solucionar el mismo y no irse con otra dificultad, por lo que terminan llegando a gastar el doble, y en el caso de las vacunas, esa diferencia puede llegar a ser mucho más elevada.
Coincido plenamente con que hay que tener una política de fijación y control de precios, siempre y cuando esta no termine por hundir a la Farmacia, pero también es evidente que existe una ley cabal que le da a los pacientes el control de los precios y que no es aplicada.
Considero que se debe volver a las raíces, haciendo que los médicos prescriban por nombre genérico o DCI –Denominación Común Internacional-, lo que dará como resultado que el precio de los medicamentos sea determinado por el consumidor, sin que exista ninguna necesidad de caer en políticas demagógicas.
Si esta ley verdaderamente se cumpliera se favorecerá al paciente, a las obras sociales y a las farmacias.
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