Con la coparticipación no alcanza ¿Cómo se puede financiar el Municipio de Tejedor?

Por Pablo Esquilache

La realidad de nuestro municipio muestra una fuerte dependencia de la coparticipación y de las transferencias provinciales: cerca del 85% de los recursos provienen de la provincia y apenas un 15% son de origen municipal. Por ejemplo, en áreas sensibles como salud y seguridad, la carga financiera recae casi por completo sobre el municipio. Si bien se reciben fondos provinciales para seguridad (el 20% de lo que se invierte) y la gestión administrativa de la salud impacta en la coparticipación provincial (CUD), el funcionamiento cotidiano de ambos sistemas se sostiene principalmente con recursos locales.

Para que el municipio pueda prestar servicios de manera óptima, no solo es necesaria una gestión transparente y eficiente de los recursos y una definición clara de prioridades, sino también encarar una modernización de la Ordenanza Fiscal e Impositiva que solucione problemas como la actualización de valores, la cobrabilidad, la relevancia y la eficacia de las tasas, y que fortalezca la generación de recursos propios, a la vez que funcione como una herramienta para dinamizar la economía local.

En primer lugar, es necesario eliminar tasas y sellos de escasa significancia económica que generan más trámites que recursos, como el derecho de construcción, publicidad y propaganda, o espectáculos públicos, por ejemplo. En segundo lugar, es fundamental revisar las tasas centrales de la recaudación y la prestación de servicios —Red Vial, Alumbrado, Barrido y Limpieza, Seguridad e Higiene, y Marcas y Señales—, definiendo criterios claros de cálculo, actualización y aplicación, de modo que dejen de percibirse como cargas arbitrarias y pasen a ser herramientas transparentes para financiar servicios de calidad.
Un problema histórico es la baja cobrabilidad. Por ejemplo, una de las tasas principales, Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL), incluso en los mejores momentos —cuando se cobraba junto con la factura de luz— apenas llegó al 50%. Y aun cobrando el 100% de lo presupuestado, los ingresos seguirían siendo insuficientes para cubrir el costo real del servicio.
A esto se suma la desactualización del catastro municipal. La falta de integración con la base provincial complica identificar al verdadero responsable de cada inmueble y limita la capacidad de gestionar y cobrar correctamente las tasas. Para corregir estas debilidades, se podría avanzar hacia un sistema de actualización automática de datos y la incorporación de la figura del titular de la tasa, que puede coincidir —o no— con el titular del inmueble. Esto permitiría mejorar la cobrabilidad y aportar mayor precisión a la administración fiscal.
Al mismo tiempo, es necesario fortalecer el esquema de incentivos y sanciones: descuentos por pago anticipado, beneficios por débito automático o pago electrónico, bonificaciones al buen contribuyente y, en paralelo, un sistema más riguroso de recargos por mora e intimaciones sistemáticas. Todo esto debe acompañarse de un sistema de gestión y cobranza moderno, que permita pagar de forma digital, presencial o a través de terceros. Algunas de estas acciones ya se implementan.
Además, es fundamental encarar una agenda de generación de recursos propios para reducir la dependencia provincial y financiar tanto obra pública básica (cloacas, cordón cuneta, asfalto) como la prestación de servicios. Entre las alternativas se pueden considerar la contribución por mejoras, un Fondo Municipal de Infraestructura con afectación específica o la implementación de tasas que financien servicios como salud o seguridad, siempre con objetivos claros y de afectación específica, de modo que el vecino sepa exactamente a qué se destina lo que paga.
El objetivo final es claro: contar con una Ordenanza Fiscal e Impositiva más justa, moderna y equilibrada, que acompañe la actividad económica local, reduzca distorsiones y le dé al municipio herramientas estables para mejorar los servicios y sostener un programa de obras previsible.